notas de prensa

Madrid, 30 de noviembre de 2008 | El Frente Nacional considera muy preocupante la vulnerabilidad del sector energético español y su situación actual. La gran mayoría de este sector está siendo dirigido por burócratas de otros países, mientras que lo que queda del mismo está continuamente al acecho de sociedades extranjeras, gran parte de ellas públicas o vinculadas de forma estrecha diversos gobiernos.

El último episodio de esta peligrosa historia es el intento de Lukoil (después de los rumores sobre Gazprom) de hacerse con un 30% de Repsol. El Frente Nacional considera que esta operación no forma parte de la lógica de mercado, sino que responde a un movimiento estratégico de intereses gubernamentales y estatales extranjeros obvios –el mismo presidente de Lukoil alardea públicamente de la implicación y ayuda del Kremlin en sus en sus operaciones exteriores-. Dado que la naturaleza de la operación es estratégica y estatal, es necesario que se vele por los intereses nacionales independientemente de si la empresa interesada en Repsol es rusa o estadounidense..

La pregunta que debemos hacernos es la siguiente, ¿Permitirían otros países la pérdida del control de su sector energético y de empresas estratégicas en favor no ya de otras empresas sino de otros gobiernos? La respuesta parece obvia. Dada la trascendencia e importancia de esta operación y que Repsol es una compañía estratégica para España, el Frente Nacional exige que esta operación sea evitada por el Gobierno de España que se tomen medidas al respecto.

La privatización completa de Repsol por parte del PSOE (un 90%) y del PP (el 10% final) de esta compañía ha generado inseguridad, inestabilidad y numerosos conflictos. Independientemente del “asunto Lukoil” es necesario proteger lo que queda de nuestro sector energético. El Frente Nacional propone que la SEPI se haga con el porcentaje necesario de Repsol para evitar –o al menos limitar- nuevas operaciones peligrosas para nuestra seguridad nacional y los consumidores. La SEPI cuenta con medios financieros y humanos de sobra para llevar a cabo tal labor y además esta opción ha sido avalada por numerosos economistas. El Gobierno socialista, tan enemigo del neoliberalismo, debería plantearse que los riesgos de la no intervención pueden ser muy caros para España.